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“Una pésima redacción legal obliga a registrar cualquier website con vídeos”, noticia en Interdixit

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Noticia: “Una pésima redacción legal obliga a registrar cualquier website con vídeos” de la sección Tendencias

Una pésima redacción legal obliga a registrar cualquier website con vídeos

La nefasta redacción de la ley catalana de Comunicación Audiviosual y de un reglamento del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) imponen el registro de cualquier website que incluya un vídeo, fragmento de sonido, sesión en streaming o podcast personal. La comunicación previa impuesta legalmente es de difícil cumplimiento por la amplia mayoría de los internautas, se circunscribe a Catalunya y supone inseguridad jurídica, trabas para la empresa catalana que dificultan su competitividad, permite su uso con fines torticeros y puede suponer una censura administrativa ante expresiones comunicativas que disgusten a los poderes públicos.

El nuevo reglamento del CAC, aprobado a finales del mes pasado, regula el proceso de comunicación previa de la actividad de difusión audiovisual que establece la ley estatal. Esta comunicación a la administración debe realizarse un mes antes del inicio de la actividad, bajo la posibilidad de sanciones económicas, y afecta a cualquier transmisión que no utilice el espectro radioeléctrico.

En la comunicación previa obligatoria, entre otros aspectos y reservas del CAC ante cada caso particular, el propietario del website o blog personal, debe:

  • Identificarse personalmente o identificar la personalidad jurídica responsable de la emisión.
  • Facilitar todos los datos fiscales, de contacto y societarias.
  • Declarar el capital social inscrito en los registros, si se tiene, e identificar a los propietarios de más del 5% de las acciones de la sociedad, si hay.
  • Identificar todos los órganos de dirección y administración de la sociedad mercantil, así como los directores del medio de comunicación.
  • Declarar explícitamente qué tecnología de canal y qué características reúne la emisión.
  • Identificar el operador que transporta las señales del canal.
  • Describir qué tipo de servicio se emitirá e identificar nombres, marcas y denominaciones comerciales.
  • Indicar qué porcentaje de vídeos serán subtitulados y cuántas horas semanales de contenidos se emitirán.
  • Comprometerse de que no se superarán las limitaciones de la legislación audiovisual aplicable.
  • Facilitar la homologación de los sistemas de codificación, si existen, para el pago por visión.

Los artículos 6 y 12 del reglamento recogen la obligatoriedad de formular la comunicación previa un mes antes del inicio de las sesiones y el régimen de sanciones aplicable. Hay que recordar que la comunicación de datos falsos es, además, un delito.

Parece evidente, a tenor de la redacción del reglamento, que todos los datos que deben comunicarse se refieren a empresas de comunicación audiovisual tradicional, es decir: empresas de televisión. Sin embargo, la Ley de la Comunicación Audiovisual, 22/2005 de 29 de diciembre de 2005, de la que emana el reglamento, incluye en su artículo 1, apartado e, como Servicio de Comunicación Audiovisual “los servicios consistentes de manera predominante en la puesta a disposición del público general o de una categoría de público de contenidos audiovisuales organizados de forma no secuencial”. El artículo 2 establece que la ley se aplica a los prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual con domicilio en Catalunya o que ejercen principalmente su actividad en Catalunya.

En otras palabras, el apartado o canal de vídeos de cualquier website puede ser considerado un servicio audiovisual, especialmente si el usuario accede en un subdominio.

Aunque el texto matiza la “predominancia”, ésta no se explicita y puede medirse de distintas formas que pueden beneficiar o perjudicar al afectado: minutos, registros, volumen en Kb, accesos…

Inseguridad jurídica y trabas a la competitividad
El nuevo reglamento causa inseguridad jurídica a los usuarios de servicios de reproducción de vídeo o de sonido en sus servicios web personales o websites de empresa/institución. Estos podrían ofrecer vídeos a sus usuarios sin haber formalizado una comunicación previa e incurriendo en actividades sancionables.

Pero además, existe la posibilidad de que el contenido, una vez sometido a este tipo de reglamentación, por analogía, se haya situado en el ámbito del derecho bajo las limitaciones de otras legislaciones colindantes. Por ejemplo, un inocente vídeo que en su ámbito y público podría ser considerado absolutamente normal, bajo el nuevo contexto legal podría ser sancionado por incumplir la legislación de respeto e igualdad de género, protección de la infancia o la salud. Por ejemplo, un vídeo con una receta de cocina que fuera de contexto pueda considerarse que fomente bulimia, anorexia, dietas falsas o productos milagro.

La reserva del CAC de solicitar información adicional en la comunicación previa, sin que se conozca cuál, aumenta la inseguridad jurídica.

La obligación de facilitar declaraciones e identificaciones con un mes de antelación a cualquier empresa catalana que quiera abrir un canal de vídeos con instrucciones de uso y montaje de sus productos, con las conferencias impartidas por sus directivos, con resúmenes de noticias emitidas por medios de comunicación reales y autorizadas o con una muestra de sus propios vídeos, si se dedica a esta actividad, es una traba administrativa que impide su competitividad.

El incumplimiento del reglamento y sus implicaciones con legislaciones televisivas colindantes puede ser utilizado de forma torticera por competidores, que podrían denunciar cualquier infracción susceptible de fuerte sanción económica y sometida a valoraciones subjetivas no precisadas en los textos legales.

También se considera que podría ser utilizado como censura administrativa por poderes públicos ante imágenes de periodistas-ciudadanos captadas en la calle y publicadas en el website personal. La falta de comunicación previa podría ser causa de clausura del website.

Resulta evidente que los principales perjudicados son las empresas y periodistas catalanes, porque el reglamento es inaplicable en Internet, donde no existen fronteras, el crecimiento es exponencial y el contenido audiovisual se puede generar allí donde alguien disponga de un smartphone.

Lo que la ley dice y el CAC dice que hará
Responsables de comunicación del CAC, ante la polémica surgida por el nuevo reglamento, han indicado que éste sólo afecta a “prestadores de televisión”, aunque ni la ley ni el reglamento acotan la aplicación a este sector. En declaraciones a Mèdia.cat, Xavier Margarit, jefe de comunicación del consejo, asegura que el CAC aplicará la norma con “sentido común”, reconociendo implícitamente el problema.

Explicado de otra forma, si una empresa que fabrique interruptores y apliques eléctricos crea un apartado web en el que, para cada artículo, cuelga un vídeo que explica cómo se ha diseñado, producido y cómo funciona, y acude al CAC para comunicar su futuro website corporativo, éste está en la obligación legal de aceptar el registro, no pudiendo rechazarlo por aplicar el “sentido común”. Y la empresa, si cumple todos los requisitos, deberá esperar un mes para tener su situación completamente legalizada en Internet. Un absurdo.